El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de levantar las medidas cautelares que mantienen en suspenso el derecho al voto de miles de personas nacionalizadas por la ley de nietos. Este pleito discurre en paralelo a una petición de Iustitia Europa de aplicar estas cautelares al censo electoral del próximo 29 de noviembre, algo sobre lo que el Supremo no se pronuncia aunque explica que esta suspensión no se aplica a las personas que tengan una certificación acreditativa a fecha 1 de agosto de que efectivamente descienden de un español exiliado.
La sección cuarta de lo contencioso del Tribunal Supremo anunció el pasado ocho de septiembre que estimaba las medidas cautelares propuestas por Vox e Iustitia Europa. Los magistrados frenaron de forma urgente el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos –que los recurrentes cifran en casi 400.000 y la Abogacía del Estado en menos de la mitad– y argumentaron que existe un “peligro real” de que esta norma afecte a las elecciones.
En el momento de tomar la decisión las elecciones más cercanas en el horizonte eran las autonómicas de mayo de 2027 pero el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar los comicios generales a finales de noviembre cambia ese escenario.
La orden cautelar del Supremo fue lanzada a la Oficina del Censo Electoral con una indicación: desglosar a través de los Registros Consulares a qué personas nacionalizadas a través de la ley de nietos se le podía aplicar su auto de medidas urgentes y, por tanto, excluirlas del censo exterior.
La Junta Electoral Central, después de un debate interno en el que casi la mitad de los vocales apostaron por recurrir las cautelares del Supremo, aceptó la decisión del tribunal. En otro procedimiento distinto seguido también en el Tribunal Supremo la Dirección General de Asuntos Consulares ha advertido de las dificultades para acometer este encargo.
