La familia de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado por un grupo de extrema derecha en 1993, no se rinde. Sus padres y su hermana han hecho pública una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclaman que el Estado reconozca a Agulló como víctima de terrorismo para que se haga justicia y se repare una deuda que sus familiares consideran pendiente desde hace 33 años.
En una rueda de prensa este miércoles en el Ateneo de Madrid, los padres y la hermana de Guillem Agulló han presentado la carta entregada a Moncloa en la que además denuncian el abandono institucional que aseguran haber sufrido durante décadas y alertan del peligro de la violencia fascista que, a su juicio, “sigue amenazando la convivencia”.
“Nos dirigimos a ustedes bajo una condición que nunca hubiésemos deseado, la de ser padres y hermana de un joven de 18 años que fue asesinado por el terrorismo de extrema derecha hace ahora 33 años”, comienza la carta enviada por la familia. “El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir. Y ya que el poder judicial no estuvo a la altura, rogamos al ejecutivo que asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados.”, defienden los familiares en la misiva.
Guillem Agulló murió el 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón) cuando tenía 18 años. Mientras pasaba las vacaciones de Pascua con sus amigos, cinco integrantes del grupo neonazi Marxalenes Cuarta Red fueron a buscarlo, lo acorralaron en un callejón y Pedro Cuevas le asestó una puñalada en el corazón. Agulló portaba un brazalete con el lema “Nazis no”, cuando los ultras de extrema derecha lo apuñalaron y se marcharon cantando el Cara al sol y haciendo el saludo fascista.
“Guillem era un joven comprometido con los valores de la justicia y la igualdad. Le indignaba el odio y la discriminación que sufrían las personas migrantes”, han recordado su padre, Guillem Agulló. “Con solo 18 años, su activismo antifascista y antirracista lo convirtió en un referente de la lucha contra la extrema derecha en Valencia”, ha añadido.
El sociólogo Rafael Xambó, que ha investigado el caso y escrito sobre el crimen, ha considerado que Agulló “tenía todo para convertirse en un líder de izquierda”, pero la atmósfera que rodeó el crimen no permitió que se hiciera la “justicia necesaria”. “Representa todo lo que nos han robado”, ha afirmado Xambó.
Un juicio marcado por la despolitización del crimen
Las evidencias eran contundentes, pero el asesinato fue 'despolitizado' por la Audiencia Provincial de Castellón. El juicio se celebró en octubre de 1995 y terminó con la absolución de cuatro de los acusados. La sentencia, según ha explicado la familia, calificó el asesinato como “una pelea juvenil”, una calificación que la familia considera que ignoró el “trasfondo ideológico” de la agresión. Cuevas fue el único condenado: recibió una pena de 14 años de prisión, pero salió de la cárcel tras cumplir cuatro por buen comportamiento.
En 2005, volvió a ser detenido en la que desmanteló una presunta red neonazi, pero dos años después Cuevas se presentó en las listas por Chiva (Valencia) de Alianza Nacional. “La estructura de la justicia continuaba siendo franquista, nunca hubo una limpieza”, ha criticado Xambó en la presentación.
Los familiares han recordado también que el proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que contribuyó a presentar a la víctima como responsable. “Todo este sufrimiento discurrió en soledad ante la indiferencia de buena parte de la sociedad valenciana y con un abandono institucional”, ha lamentado la familia, que además ha descrito aquellos años como “una etapa de acoso y amenazas”. “Recibíamos llamadas telefónicas a todas horas, pintadas y mensajes intimidatorios”, han explicado.
Tras décadas sin reparación, en abril de este año, la familia Agulló Salvador solicitó al Ministerio del Interior que reconociera oficialmente a Guillem como víctima del terrorismo al considerar que su asesinato responde “a la violencia ideológica de extrema derecha”. Sin embargo, según han explicado sus familiares, el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil sostuvo que los hechos “carecían de la naturaleza de atentado terrorista”.
Ante esta valoración, la familia afirma que “la verdad judicial en ocasiones no coincide con la verdad ni con la justicia” y solicita al Ministerio del Interior que revise el caso. “La calle impartió la justicia que no nos dieron los tribunales y ahora solo queda por resolver una cuenta pendiente: que el Estado reconozca que falló”, ha señalado Carme Salvador, madre de Guillem.
En abril de 1993, las Corts Valencianes aprobaron una declaración institucional de condena. Años después, en 2016, el parlamento autonómico respaldó la creación de unos premios con el nombre de Guillem Agulló para distinguir a personas y colectivos comprometidos con la lucha contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, la familia recuerda que estos galardones fueron suprimidos en 2024 por Vox, con el apoyo de la mayoría del PP en la Cámara y a propuesta del grupo ultra.
Treinta y tres años después del asesinato, la familia reivindica que la memoria de Guillem Agulló se ha convertido en un símbolo de la lucha antifascista. “Para nosotros que Gullem se haya convertido en un símbolo antifascista es un orgullo”, ha señalado su hermana, Belén Agulló. “Si el Estado lo reconoce como víctima del terrorismo, sería considerado como un delito grave y la familia encontraría reparación”, ha añadido Xambó.
Por ahora, los familiares de Guillem han asegurado que Moncloa ha recibido la carta y esperan una respuesta del Gobierno para poder cerrar una reivindicación que consideran “pendiente” desde hace décadas. “No quiero que os vayáis con la idea de que estamos derrotados: nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado”, ha concluido Carme Salvador.
La misiva ya cuenta con más de 200 adhesiones, entre ellas las de representantes políticos como Gabriel Rufián y Águeda Micó. Sus firmantes respaldan la petición de que el Gobierno reconozca el asesinato como un acto de terrorismo y contribuya a reparar el daño sufrido por la familia. El caso ya ha sido incluido por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) en su mapa del terror, que recoge a víctimas del terrorismo en España.
