El primer decreto incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones:
El segundo decreto recoge la renovación automática de los alquileres y aún no se ha publicado en el BOE.
